Richard Moreno Bustos
Considerando las opiniones que en estas últimas horas se viene dando sobre la posibilidad que Antamina, gracias a que tiene contrato de estabilidad tributaria, pueda acogerse a un programa que fue derogado en el año 2000, es importante tener presente ciertos elementos de juicio.
No podemos lanzar alternativas al vacío y sin ningún criterio técnico y que decir legal, respecto del tema. Inventar mecanismos siendo ajenos a las normas solo llevan a generar confusión en la ciudadanía.
Es importante señalar que los contratos de estabilidad tributaria tienen el carácter de ley y su eliminación implica en caso extremo hasta el cambio de la constitución política.
Estos contratos han venido beneficiando a la empresa minera como el perdonar de impuestos a la empresa durante el periodo inicial en que recuperaba su inversión (3 años antes del 2004). Es decir, lo que se produce ahora, fuera de los gastos operativos, solo es ganancia.
El contrato de estabilidad tributaria también le ha permitido no pagar “Regalías Mineras”(1), porque existe una interpretación legal que estas empresas también tienen estabilidad administrativa.
Ahora, el pedido de Antamina para revertir sus futuras utilidades, debe llevarnos a posturas concretas y, donde el ámbito de debate y propuesta debe priorizar la dimensión política y socioeconómica. Es decir:
Debe entenderse que los programas de incentivos derogados han obedecido a un contexto de alto riesgo para las inversiones. Ahora los riesgos para ampliar inversiones se han reducido significativamente.
Hablar de capacidad de gasto en los gobiernos no tiene nada que ver con que el “estado” mantenga su capacidad de recaudación y que esta le permita seguir financiando obras y proyectos. Ese debate tiene su espacio y momento.
Hay que extender el tema poniendo sobre el tapete la función del sector minero con el interés regional. ¿La minería debe ser un enclave o un aliado para el desarrollo Ancashino?
Por la dimensión que tiene Antamina (diez veces más que Barrick Mishquichilca), el impuesto a la renta recaudado desde esta empresa es crucial en la transferencia de canon para Ancash. Si las utilidades se pueden triplicar (según mencionan los interlocutores de la compañía) y es una inversión segura, el estado no puede darse el lujo de perder 276 millones de dólares en un “buen negocio” para la empresa.
Lo concreto es que Antamina, una de las empresas más rentables del país, en una postura responsable y comprometida con Ancash, debe financiar su proyecto de ampliación con préstamos o con parte de las ingentes ganancias obtenidas por sus accionistas en los últimos años.Esta vez no le toca al estado, ¡¡¡le toca al empresariado!!!
(1) Las “regalías mineras” no son un tributo sino una contraprestación económica” por la extracción de recursos que no son renovables (Según el Tribunal Constitucional).
