Por Richard Moreno Bustos
La decisión última del juez suplente que determino desestimar la suspensión de actividades del Gobierno Regional de Ancah (GRA) en el marco del convenio que mantiene con la “Organización de Estados Iberoamericanos” (OEI) desde hace casi 5 años, ha conmocionado a muchos ciudadanos que ven en dicho convenio la carta blanca para que los actos de corrupción, del cual se habla tanto en el gobierno regional, se vigoricen.
Seamos claros: El convenio con la OEI, le permite al Gobierno Regional de Ancash “saltarse con garrocha las normas de contratación del estado”; sumándose a ello la permanente falta de transparencia desde las dos instituciones involucradas respecto de los procesos de concurso y contratación, así como de los pagos que se le hace a dicho organismo internacional.
¿Porqué ocurre esto? Porque no existen restricciones legales firmes para regular convenios de este tipo con un Organismo Internacional (OEI, UNOPS, OIM), a pesar que licitan obras a cuenta del estado y vulneran su capacidad de control con las restricciones existentes de inmunidad diplomática. Esta figura no es negocio para el estado.
El convenio (Nº 0054 – 2007) entre el Gobierno Regional de Ancash y la OEI dice que el GRA le paga a la OEI el 3.5% del Valor de referencia de cada proceso, es decir, de cada 100 millones licitados por la OEI, hay que pagarle S/. 3.5 millones por organizar procesos de selección[1]. Negocio redondo para una institución sin fines de lucro ¿verdad?
Este modelo de convenios aunque datan del 2005, se hicieron muy populares con la irregular adquisición de patrulleros del gobierno aprista (año 2007), que llevo al Ministerio del Interior a firmar un convenio con la UNOPs para “sacarle la vuelta” a la ley de adquisición y contratación del estado. En Ancash el hecho se hace notar a nivel nacional luego del escándalo de los “Petroaudios”, pues se sabe que Rómulo León y Fortunato Cannan también tenían pensado hacer negocios con hospitales en el Gobierno Regional de Ancash[2] donde estaba incluida la OEI.
Para tener una idea de cuánto se le debe haber pagado a la OEI en estos años, siendo conservadores, como mínimo podemos aproximar en S/. 48 millones de soles[3] lo obtenido por aquella institución simplemente por encargarse de “licitar” obras y estudios de proyectos en estos años.
En el 2009, en sesión de Consejo Regional se acordó dejar sin efecto el convenio con la OEI[4], restringiéndolo a convenios puntuales cada vez que se requiera hacer procesos de selección y se aprueben en consejo; también se mencionaba desde los consejeros que el porcentaje de pago a la OEI pasaría de 3.5% a 2%, pero dada la falta de transparencia de ambas instituciones (OEI y GRA), la información sobre si se bajó o no el porcentaje de pago sigue siendo un misterio para la opinión pública.
Finalmente, nos dirán que: “el convenio hace más eficiente la gestión agilizando los procesos de selección”, pero eso no es cierto; en estos años la baja “capacidad de gasto del GRA”, la mala calidad de los estudios y obras desarrolladas, solo han levantado múltiples quejas, además de serias observaciones desde entes deontológicos como el Colegio de Ingenieros de Ancash.
Medidas urgentes y decisiones al respecto es lo que necesitamos desde el nuevo congreso y el ejecutivo nacional. 
